Las leyes mexicanas actuales favorecen a los ISP, no a los usuarios. Las apps, sitios web y servicios pueden pagar a los ISP para que aumenten sus velocidades de conexión y reduzcan la velocidad para todos los demás. Además, los proveedores de Internet tienen el poder de bloquear, monitorear o restringir el tráfico en virtud de una política de "gestión del tráfico" de amplio alcance.
En los últimos años, el gobierno mexicano incluso se planteó disolver el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo que ayuda a definir y vigilar que se cumplan las regulaciones de Internet. Por ahora, el TFI sigue en vigor. Aun así, los miembros de la Sociedad Civil temen que la disolución de este organismo otorgue a los ISP el poder de controlar Internet, aumentando la vigilancia y las restricciones de la red, violando con ello los derechos de los usuarios a la privacidad y la información.
El clima actual de privacidad digital en México hace que el uso de una VPN sea la mejor manera de evitar que los ISP rastreen a los usuarios y limiten su ancho de banda. La conexión a una VPN ofrece a los usuarios una nueva dirección IP y un potente cifrado del tráfico que protege sus datos online.